La responsabilidad de elegir cuando otros deberían proteger
Imagen creada con la ayuda de IA de X (antes Twitter)
10 noviembre 2026
- Hubo un tiempo en que comprar alimentos parecía un acto sencillo. Hoy, para muchos, especialmente para quienes convivimos con problemas de salud, se ha convertido en una tarea que exige dedicación, paciencia y una vigilancia constante.
- En mi caso, la movilidad ya no acompaña y por eso realizo la mayor parte de mis compras por internet. Esa circunstancia, que en principio podría parecer una limitación, me permite examinar con calma la composición de los productos antes de adquirirlos. Además, cuento con la ayuda inestimable de la aplicación YUKA, capaz de analizar mediante el código de barras los componentes de miles de productos alimentarios y alertar sobre aquellos ingredientes que distintos organismos científicos o asociaciones de consumidores consideran controvertidos o susceptibles de generar dudas.
- Lo que descubro con frecuencia resulta desalentador. Productos destinados al consumo diario, presentes sin ningún pudor en supermercados y tiendas de alimentación de todo tipo, contienen aditivos que muchos consumidores preferiríamos evitar. No hablo de sustancias ocultas ni clandestinas. Todo figura en la etiqueta. Está ahí, a la vista de quien tenga tiempo, conocimientos y voluntad para buscarlo.
- En más de una ocasión he trasladado mi preocupación a responsables de atención al público de algunas cadenas comerciales. La respuesta suele ser tan sincera como desconcertante:
"Sí, es cierto, pero la ley lo permite."
- Y ahí surge la pregunta inevitable.
¿Cómo que está permitido?
- ¿Debemos conformarnos con que un producto sea legal para asumir automáticamente que es conveniente? ¿Acaso la función de las autoridades sanitarias no debería consistir en aplicar el principio de máxima precaución cuando existen dudas razonables? ¿No deberían revisarse con más frecuencia las autorizaciones concedidas hace años a la luz de los nuevos conocimientos científicos?
- La legalidad es un mínimo. La confianza de los ciudadanos debería aspirar a mucho más.
- Resulta difícil comprender que, en una Europa capaz de regular hasta el más pequeño detalle administrativo, siga recayendo sobre el consumidor la responsabilidad de investigar por su cuenta qué contiene cada producto. Parece haberse instalado la idea de que, mientras una sustancia no haya sido prohibida expresamente, todo está en orden. Sin embargo, muchos ciudadanos percibimos que entre lo permitido y lo aconsejable existe una distancia cada vez mayor.
- Nos dicen que las etiquetas están para informar. Pero informar no debería significar trasladar toda la responsabilidad al comprador. Porque no todos tienen acceso a aplicaciones especializadas, ni disponen del tiempo necesario para interpretar informes científicos, ni pueden dedicar media hora a examinar cada producto que llega a la cesta de la compra.
- Mientras tanto, el consumidor prudente se convierte en investigador, nutricionista y vigilante de sí mismo.
¿Qué podemos hacer quienes no nos resignamos?
- Leer las etiquetas. Comparar productos. Utilizar herramientas de información independientes. Premiar con nuestra compra a las empresas que optan por formulaciones más simples y transparentes. Y, sobre todo, reclamar. Reclamar una política alimentaria que no se conforme con decidir qué puede ponerse legalmente a la venta, sino que se pregunte también qué productos merecen realmente la confianza de los ciudadanos.
- Porque cuando hablamos de alimentación no estamos hablando de mercancías cualquiera.
- Estamos hablando de salud.
- Y la salud nunca debería quedar reducida a un simple "está permitido".
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