25 octubre 2026
- Hay problemas que todos los gobiernos dicen querer resolver y, sin embargo, pasan los años sin que las soluciones lleguen. El acceso a la vivienda para los jóvenes es uno de ellos. Se suceden los anuncios, las promesas, los planes estratégicos y las fotografías institucionales, pero la realidad sigue siendo tozuda: cada vez resulta más difícil independizarse, formar una familia o simplemente desarrollar un proyecto de vida propio sin depender de los padres.
- La vivienda pública se ha convertido en una especie de espejismo político. Todos hablan de ella, todos la defienden, pero muy pocos parecen verdaderamente interesados en resolver el problema de manera eficaz. Y la razón es más sencilla de lo que parece.
- Desde que una administración decide destinar suelo para viviendas protegidas hasta que un joven recibe las llaves de su casa pueden transcurrir muchos años. Primero hay que generar suelo urbanizable, después redactar proyectos, licitar obras, adjudicarlas, construirlas y, finalmente, entregarlas. Es un proceso inevitablemente largo que, en numerosas ocasiones, supera la duración de una legislatura.
- Y aquí aparece el gran desincentivo político. Quien inicia el proyecto rara vez es quien corta la cinta inaugural. El partido que compra el suelo y pone en marcha la maquinaria administrativa corre el riesgo de que sea otro quien recoja los aplausos al entregar las viviendas terminadas. El beneficio electoral no suele corresponder al esfuerzo inicial, sino a la fotografía final. Y en una política cada vez más obsesionada con la inmediatez y la rentabilidad de cada decisión, eso convierte la vivienda pública en un asunto demasiado poco atractivo.
- Por eso llevamos más de veinticinco años escuchando diagnósticos brillantes y contemplando resultados mediocres. Han pasado gobiernos de todos los colores y ninguno ha sido capaz de abordar el problema con la determinación necesaria. Cambian los discursos, cambian los eslóganes y cambian los responsables, pero la escasez de vivienda asequible permanece.
- Sin embargo, sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre los gobernantes. La sociedad también tiene su parte de culpa. Durante décadas hemos despreciado, consciente o inconscientemente, la Formación Profesional. Se ha transmitido a miles de jóvenes la idea de que el éxito pasaba obligatoriamente por la universidad mientras se menospreciaban los oficios técnicos y especializados.
- Hoy pagamos las consecuencias. Faltan albañiles, encofradores, electricistas, fontaneros, soldadores y otros muchos profesionales imprescindibles para levantar esas viviendas que tanto reclamamos. No basta con disponer de suelo, dinero o proyectos; también hacen falta personas capacitadas para construirlos.
- Padres, educadores y administraciones han contribuido a crear una cultura que durante años ha considerado determinados trabajos como opciones de segunda categoría. El resultado es evidente: escasean los profesionales que sostienen la economía real mientras abundan titulaciones que el mercado laboral es incapaz de absorber.
- La tragedia de la vivienda pública es, por tanto, doble. Por un lado, unos políticos demasiado preocupados por la rentabilidad electoral inmediata para comprometerse con proyectos cuyos resultados verán otros. Por otro, una sociedad que ha infravalorado la formación técnica hasta quedarse sin las manos necesarias para construir aquello que reclama.
- Mientras unos y otros continúen señalándose mutuamente, miles de jóvenes seguirán esperando. Y la vivienda pública seguirá ocupando titulares, programas electorales y discursos parlamentarios, pero sin convertirse en la solución real que tantos necesitan.
- Porque los problemas no se resuelven prometiéndolos una y otra vez. Se resuelven afrontándolos con visión de futuro, perseverancia y valentía. Justamente las tres cosas que más han escaseado en este asunto durante el último cuarto de siglo.
- Pero tampoco podemos seguir esperando a que otros resuelvan el problema. Como ciudadanos debemos exigir planes de vivienda que sobrevivan a las legislaturas, premiar con nuestro voto a quienes demuestren resultados y no solo promesas, y recuperar el prestigio de la Formación Profesional entre nuestros hijos y nietos. Porque una sociedad que no forma a quienes construyen, reparan y mantienen su futuro acaba condenándose a la dependencia. La solución exige voluntad política, sí, pero también una ciudadanía capaz de reclamarla con firmeza y de asumir su propia responsabilidad en el cambio.





